CANCÚN..- El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE Caribe) expresó su preocupación por los recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso de símbolos de la cultura maya, al considerar que podrían generar un precedente que ponga en riesgo la operación de miles de empresas en la región.
En un comunicado, el organismo advirtió que la interpretación actual abre la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el uso de elementos culturales, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad legítima para autorizar su utilización.
El CCE Caribe subrayó que este escenario impacta directamente a destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya es parte esencial de la identidad regional, la oferta turística y el sustento económico de miles de familias.
Asimismo, alertó que el precedente no se limitaría a la cultura maya, sino que podría extenderse a otras expresiones culturales del país, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la forma en que México protege y proyecta su identidad cultural.
El organismo empresarial citó el caso de Grupo Xcaret como ejemplo de la problemática, al señalar que, pese a haber celebrado acuerdos con instancias reconocidas dentro del marco legal, enfrenta resoluciones que desconocen dichos esfuerzos y generan incertidumbre jurídica.
“El riesgo es claro: cualquier empresa, desde grandes desarrollos turísticos hasta pequeños comercios, podría ser objeto de denuncias, sanciones o clausuras”, advirtió el Consejo, al tiempo que señaló que esta situación abre la puerta a la discrecionalidad e incluso a posibles abusos.
No obstante, el CCE Caribe reiteró que respalda plenamente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al considerarla un avance necesario para evitar abusos en el uso del patrimonio cultural.
Sin embargo, puntualizó que su correcta aplicación debe sustentarse en reglas claras, criterios uniformes y mecanismos definidos que otorguen certeza tanto a las comunidades como a los actores económicos.
En ese sentido, el organismo hizo un llamado urgente a las autoridades para elaborar y publicar el reglamento de dicha ley, al considerar que su ausencia genera un estado de indefensión jurídica.
Finalmente, el sector empresarial manifestó su disposición a participar en la construcción de lineamientos claros y procesos transparentes, y pidió abrir un diálogo incluyente que permita proteger el patrimonio cultural sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica del sureste mexicano.
