CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE NOVIEMBRE.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigará las contrataciones realizadas durante los últimos 25 años por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos electorales locales, luego de detectar indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público.
El organismo fiscalizador informó que el análisis abarcará el periodo de 2000 a 2025 y buscará identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos por parte de grupos empresariales y funcionarios.
La revisión contempla tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas del INE, el IFE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); un estudio histórico de las adquisiciones durante ese periodo, y una auditoría integral al Instituto, además del gasto federalizado ejercido por las autoridades electorales estatales.
La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir las irregularidades. El organismo precisó que las investigaciones se desarrollan con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
El anuncio ocurre en medio de los señalamientos sobre presuntas anomalías en licitaciones y contratos para la adquisición de material electoral, así como posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
De acuerdo con información difundida por El Economista, las indagatorias también se relacionan con operaciones de dos grupos empresariales que acumularon contratos por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026. De ese monto, 430 millones correspondieron al INE y 3 mil 790 millones a organismos electorales locales, según cifras presentadas por el auditor superior.
Entre los posibles mecanismos bajo revisión se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y el uso de compañías fachada. Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen, por sí mismos, responsabilidades administrativas o penales determinadas.
Por su parte, la presidencia del INE manifestó su respaldo a las investigaciones y aseguró que el organismo colaborará para esclarecer cualquier posible irregularidad. También informó que los antecedentes de los señalamientos fueron remitidos a su Órgano Interno de Control.
Con esta revisión, la ASF ampliará el escrutinio sobre las compras y contrataciones de las autoridades electorales a un periodo que comprende desde la etapa del IFE hasta la actual estructura del sistema electoral.
