CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó este miércoles, en lo general, la llamada “Ley Antimemes”, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para determinados usos de la identidad gráfica institucional.
El dictamen fue avalado con 72 votos a favor y 34 en contra. La reforma plantea sancionar el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de elementos de identidad institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando sean utilizados para inducir al error o al engaño con la intención de cometer un ilícito.
De acuerdo con la redacción aprobada, la conducta sancionada no es la creación o publicación de un meme por sí misma, sino el uso de elementos oficiales bajo determinadas condiciones vinculadas con el engaño y la comisión de un ilícito. Los impulsores de la reforma han señalado que busca combatir prácticas de piratería, falsificación y fraude mediante la suplantación de instituciones públicas.
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la reforma y advirtieron que conceptos como “identidad gráfica” y “escala comercial” podrían generar interpretaciones que afecten contenidos periodísticos, caricaturas, sátira política y publicaciones en internet.
La senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo sostuvo que el dictamen no excluye expresamente expresiones como la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes o el trabajo periodístico, por lo que consideró que podría representar un riesgo para la libertad de expresión.
Durante el debate, la senadora Lilly Téllez también criticó la reforma y utilizó unas esposas para advertir sobre lo que, desde su perspectiva, podría ocurrir con periodistas, caricaturistas y creadores de contenido.
En contraste, legisladores de Morena han defendido que la reforma no busca sancionar la sátira, los memes ni la crítica política, sino conductas relacionadas con piratería, falsificación, fraude y engaño a escala comercial. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que el objetivo es impedir que se utilicen elementos oficiales para hacerse pasar por instituciones y cometer ilícitos.
La reforma contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para las conductas previstas en el artículo 403 Bis.
El Senado también aprobó el dictamen en lo particular, con una reserva incorporada al artículo 429 del Código Penal Federal, antes de continuar con el proceso legislativo correspondiente.
