CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) promovió acciones de extinción de dominio sobre 2 millones 240 mil pesos asegurados en cuentas atribuidas a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y a integrantes de su familia.
El objetivo de la Fiscalía es que un juez determine si los recursos cumplen con los requisitos legales para que sus derechos pasen definitivamente al Estado. Por ahora, el dinero permanece asegurado y no ha sido adjudicado al erario.
Del monto total, 1 millón 387 mil pesos corresponden a una cuenta cuya propiedad se atribuye directamente a Bermúdez Requena. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio ordenó el aseguramiento de estos recursos el pasado 7 de julio, como medida cautelar.
Los 853 mil pesos restantes se encuentran distribuidos en tres cuentas bancarias a nombre de Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano del exfuncionario, respectivamente. De esa cantidad, 755 mil pesos corresponden a cuentas de Encalada Pérez.
Las cuentas relacionadas con los familiares se encontraban en Banorte, BBVA y Santander cuando fueron aseguradas.
De acuerdo con la resolución judicial, no se había acreditado la procedencia legítima de los 1.387 millones de pesos atribuidos a Bermúdez Requena y existía una posible vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La extinción de dominio constituye un procedimiento patrimonial independiente de los procesos penales. Por ello, una eventual resolución que determine que los recursos pasen al Estado no implica por sí misma una sentencia condenatoria contra Bermúdez Requena o sus familiares.
Actualmente, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, y enfrenta procesos por delitos como asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, desaparición forzada de personas y peculado.
La FGR deberá acreditar ante los jueces que se cumplen las condiciones establecidas por la ley para la extinción de dominio. Será una resolución judicial la que determine si los 2.24 millones de pesos quedan definitivamente bajo la titularidad del Estado.
