JUICIO CRÍTICO
Por Alfonso Castro Palacios
EL PLAN DE MONREAL PARA DEBILITAR Y CONTROLAR LAS REDES SOCIALES
Tras varios días de incertidumbre sobre cuáles serían los puntos de la iniciativa para las redes sociales impulsada por Morena, el senador Ricardo Monreal dio a conocer por fin algunos detalles.
Para empezar, para que cualquier red social opere en México, deberá tener la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismo que también fungirá como árbitro entre los usuarios y la empresa para garantizar la libertad de expresión y que se respeten los derechos humanos, según palabras del legislador morenista.
Pero, ¿es la libertad de expresión algo que realmente le importe a la ‘4T’?
Un gobierno federal que ataca rutinaria y directamente a sus críticos, y en cuya administración México ha alcanzado el segundo lugar mundial en crímenes contra periodistas (según la organización Campaña Emblema de Prensa), no parece exactamente velador de la libertad de expresión.
Entonces, ¿por dónde va la cosa?
Monreal propone multar con más de 80 millones de pesos a redes sociales que incurran en alguna violación a estas nuevas regulaciones, que en primera instancia van contra el bloqueo “injustificado” de cuentas.
Lo anterior, luego de que fueran restringidas por Twitter las cuentas del ex presidente de EU, Donald Trump –acusado de incitar a la violencia previo al asalto al Capitolio- y de tres usuarios afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por “manipulación y spam”.
En respuesta, el ‘ejército’ digital de la 4T impulsó el trending topic #TwitterEsPanista, a lo que se sumó el mismo AMLO en su ‘mañanera’, acusando equivocadamente al director de la red social en México de trabajar con el PAN, lo que fue desmentido más tarde.
López Obrador también arremetió contra Mark Zuckerberg, de Facebook, a quien tachó de “prepotente” tras el bloqueo a Donald Trump también en esta plataforma.
En todos los casos anteriores, los usuarios incurrieron en violaciones a los términos y condiciones, mismos que son advertidos al usuario al momento de crear su cuenta.
En este sentido, Morena busca que el IFT pueda intervenir para decidir si el bloqueo –temporal o definitivo- de una cuenta es justificado o no, y se abrirá un tipo de ‘juicio’ por cada caso. En caso de que el IFT considere que la red social violó los derechos humanos del usuario, podrá interponer multas de hasta 89 millones de pesos, lo que garantiza una nueva y jugosa fuente de ingresos, contemplado que ellos, como gobierno, tendrán la última palabra.
Todo lo anterior sugiere una estrategia para debilitar de forma indirecta a estas empresas tecnológicas, restándoles libertad de operatividad y además amagándolas con sanciones económicas, si no se ‘alinean’. De hecho, es algo similar a lo que buscan también con la iniciativa energética de AMLO, que favorece a la CFE muy por encima de inversionistas, haciendo que México resulte poco atractivo y opten por salirse del juego, dejando así vía libre a la empresa del Estado.
Lo anterior favorecería más a la 4T que desarrollar su propia red social, como habían propuesto inicialmente, lo que –por el contrario- les costaría dinero, además de que expondría que el obradorismo ya no es tan fuerte como lo pintan y seguramente terminaría siendo un proyecto fracasado más en la lista.
¡A estar atentos!
