CIUDAD DE MÉXICO.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acceder a los recursos de dos cuentas bancarias destinadas al depósito de sus pensiones, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la resolución judicial permitirá al exmandatario disponer exclusivamente de los ingresos correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, así como de los pagos que recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
De acuerdo con la información publicada este viernes por El Financiero, la medida representa un desbloqueo parcial de sus recursos, pues la UIF mantendrá las restricciones sobre el resto de su patrimonio y las operaciones financieras que no estén contempladas en la resolución judicial.
El levantamiento de las restricciones responde al principio de inembargabilidad de las pensiones y se concretó después de que Rocha Moya promoviera un procedimiento legal para impugnar su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Las dos cuentas habían sido inmovilizadas desde mayo de este año, luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran al entonces gobernador y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los señalamientos estadounidenses apuntan a una supuesta colaboración con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.
La UIF señaló que cumplirá con las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, al tiempo que mantendrá su compromiso con el debido proceso, la garantía de audiencia y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución judicial no representa una liberación general de las cuentas del exmandatario ni una determinación sobre los señalamientos en su contra; únicamente le permite disponer de los recursos correspondientes a las prestaciones económicas protegidas por la suspensión.





















