BACALAR.- Con el objetivo de fortalecer la defensa de la selva maya contra la deforestación y la protección del patrimonio natural en la entidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó como testigo de honor la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Durante el evento realizado en la Casa Ejidal, con la presencia de los titulares de la Procuraduría Agraria, Víctor Juárez Carrera; del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva; de la PROFEPA, Mariana Boy Tamborrell, y la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la SEDATU, Griselda Martínez Vázquez, la Gobernadora destacó que Quintana Roo cuenta con una de las biodiversidades más importantes del país, la cual permite el desarrollo de actividades económicas que sostienen a miles de familias.
No obstante, advirtió que estos recursos se encuentran en ecosistemas frágiles, por lo que su aprovechamiento debe realizarse con responsabilidad para evitar comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Mara Lezama alertó que en los últimos 15 años Quintana Roo ha registrado una significativa pérdida de selva, particularmente en municipios como Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que concentran cerca del 80 por ciento de la deforestación en ese periodo.
En este contexto, afirmó que el convenio representa un mecanismo sólido de coordinación entre autoridades agrarias y ambientales para fortalecer la defensa del territorio en ejidos y comunidades, proteger el patrimonio ambiental y articular acciones de inspección, registro y acompañamiento.
La titular de la PROFEPA, Mariana Boy Tamborrell, explicó que el objetivo es frenar el desmonte ilegal de la selva, pues ya es preocupante la deforestación en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Añadió que se pretende proteger la selva maya, el segundo macizo forestal más importante después de la Amazonia, con los distintos esquemas para el aprovechamiento sustentable.
Por su parte, Luis Cruz Nieva, titular del Registro Agrario Nacional, añadió que este acuerdo permitirá compartir información y capacidades para trabajar de forma conjunta en la protección de los núcleos agrarios, con acciones concretas. “Estamos comprometidos a hacer las cosas distintas”, dijo.
Asimismo, el Procurador Agrario, Víctor Juárez Carrera precisó que este convenio permitirá acabar con los vacíos legales o falta de información para ponerle fin a la deforestación y al acaparamiento de tierras de propiedad social en la península de Yucatán, donde el 53% de la propiedad es de ejidos y comunidades; en Quintana Roo, el 84.3% está en manos de propiedad social.
Finalmente, la subsecretaria Griselda Martínez Vázquez destacó la importancia de este trabajo conjunto, pues el tema ambiental es fundamental, y cuidar la tierra es fortalecer los ejidos y comunidades, con normas que cumplir.
Estuvieron presentes el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez; Refugio Cano Gómez, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar, así como Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, y ejidatarios de Yucatán y Campeche.
