CDMX.- El Gobierno de Ecuador demandó este lunes 29 de abril a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.
Esta acción se da después de que abogados mexicanos presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país por la violenta irrupción a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril.
En una conferencia de prensa, dijeron que Noboa “debe ser investigado y sancionado” por ordenar el allanamiento a la sede diplomática, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada y por la privación de la libertad y secuestro del exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien buscaba ahí asilo desde diciembre.
Además, por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado.
Raúl Armando Jiménez Vázquez, catedrático de Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la Fiscalía es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos.
Esto, debido a que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional, los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de México.
Añadió que la FGR está “dotada” para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos aplicables del Derecho Internacional Convencional, “bien sea que se comentan en su territorio o contra sus nacionales”.
Explicó que en el caso de las conductas de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, quien es mexicana por nacimiento se puede materializar el delito de traición a la patria, además de otros ilícitos relacionados con la intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones de la Embajada de México, y hostigamiento.
