CANCÚN.- Será la próxima semana cuando el capítulo local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) presente entre 40 y 50 amparos de igual número de agremiados, en contra de las modificaciones al reglamento de la Ley Antitabaco, misma que ya les está costando clientela.
José Julio Villarreal Zapata, presidente local de la Canirac, comentó que actualmente recaban la documentación de quienes interpondrán estos recursos legales, los que serán individuales, pero que serán introducidos de manera conjunta ante el poder judicial, probablemente el jueves o viernes de la semana próxima.
Entrevistado en el marco de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial, el líder restaurantero señaló que entre el 15 y el 20% de sus agremiados ya han sido perjudicados con esta modificación, en especial los sports bar, ya que les deben prohibir a sus comensales fumar incluso en exteriores o en pasillos.
“Imagina que venga alguien de Francia a un club de playa y les digan que no pueden fumar allí en un espacio al aire libre”, comentó. “La realidad es que hay quienes tienen el hábito de fumar; no estamos ni en favor ni en contra, pero no se debe discriminar a quien fuma”.
La opción para ellos sería dejar un espacio como “área de fumadores”, pero ya no podrían venderles alimento a sus clientes, lo que igualmente causaría molestias.
Villarreal Zapata consideró que esta prohibición de una sustancia que está permitida es similar a si les dijeran a sus clientes que no pueden consumir Coca Cola, por el riesgo de desarrollar diabetes. “Si está permitida su venta, uno sabe si la desea consumir o no”, criticó. “En ese caso, mejor que la prohíban”.
Si bien todos están respetando esta nueva disposición, no todos están adecuando su señalética, pues esperarán a ver si obtienen una suspensión a través del recurso de amparo.
“Es contra la modificación del reglamento, que se sobrepone a lo que dice la ley. Aquí hay una violación flagrante, porque una norma no puede estar por encima de la ley”, explicó.
Agrava la situación el poco plazo brindado para que la ciudadanía se enterara de esta disposición, ya que fue aplicada “de tajo” y no de forma paulatina, apenas 30 días después de publicarse, en periodo vacacional.
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