CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La determinación fue emitida durante la madrugada de este miércoles en el centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. El juez consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para presumir la responsabilidad del exmandatario en el delito que se le imputa.
Uno de los principales señalamientos sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido durante la desaparición de los estudiantes. La acusación de la FGR se basa, entre otros elementos, en los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero.
De acuerdo con la investigación, una de las evidencias habría sido un video obtenido de cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. En las imágenes, presuntamente se observaba el traslado de varios normalistas de un autobús a otro, mientras eran escoltados por personas armadas y policías.
La Fiscalía sostiene que el material fue entregado a Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014 y que posteriormente el entonces gobernador habría instruido al procurador estatal, Iñaki Blanco, para deshacerse de la grabación. Horas después, presuntamente ordenó a colaboradores borrar o destruir otras evidencias relacionadas con los hechos.
Durante la audiencia, la defensa presentó más de 30 datos de prueba para intentar desacreditar las acusaciones. Entre sus argumentos señaló que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, donde sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que no habría podido recibir personalmente el material señalado por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez consideró que las pruebas de la defensa no fueron suficientes para desvirtuar, en esta etapa, los señalamientos de la Fiscalía y concedió un plazo de 120 días para que concluya la investigación complementaria y las partes reúnan nuevos elementos para el proceso.
Aguirre Rivero permanecerá en el penal del Altiplano mientras enfrenta el proceso. Su defensa adelantó que buscará modificar la medida cautelar para que pueda continuar el procedimiento bajo prisión domiciliaria.
La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva, sino que establece que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra.
