GUERRERO.- El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, así como los fiscales Xavier Olea Peláez, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y la exencargada del Ministerio Público de delitos sexuales, María Crisantema Balmaceda Rodríguez, pueden ser sujetos a proceso penal por incurrir en diversa violaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución federal, al manipular, tergiversar, y violentar las garantías judiciales en prejuicio de los derechos humanos de la víctima de abuso sexual identificada con iniciales JDG, cuya investigación quedó asentada en la carpeta de investigación: 12030270100002020117.
Lo anterior se desprende del análisis de los argumentos jurídicos y los planteamientos que se citan del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor que señala en primer orden que:
Los servidores públicos de las Instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.
Este precepto ha sido violentado por la Fiscalía de Guerrero, pues no atendió con prontitud a la solicitud de justicia de la víctima, causando dilaciones injustificadas, dado que la carpeta la inicia el 2 de enero del 2017 y hasta la fecha, febrero del 2021, han pasado cuatro años y un mes, y la carpeta aún sigue en revisión en la Dirección Jurídica Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Investigación mal hecha
También es claro que existió una muy marcada deficiencia en la integración de la carpeta de Investigación instaurada contra el imputado Félix Salgado Macedonio, esas deficiencias quizá provocadas, han permitido que durante cuatro años y un mes, la carpeta esté estancada.
(Agencias)
