LIMA.- En medio de una crisis política provocada por Pedro Castillo, Dina Boluarte juramentó en el Congreso como nueva presidenta de la República del Perú.
La abogada, que hasta hace unos días enfrentaba una acusación constitucional en el Parlamento, decidió asumir las riendas del Estado peruano luego que Pedro Castillo fuera vacado por incapacidad moral permanente tras un mensaje a la Nación en el que intentó cerrar el Poder Legislativo y ordenar la ‘reorganización’ del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, dijo en sus primeras palabras como presidenta.
TOQUE DE QUEDA, SIN EFECTO
En una de sus últimas decisiones como presidente de la República, el hoy detenido ciudadano Pedro Castillo Terrones había intentado decretar, además de la fallida disolución del Congreso, un toque de queda a nivel nacional a partir del miércoles 7 de diciembre de 2022, desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Esta decisión queda desestimada, según la propia presidencia.
“Habiéndose restituido el orden constitucional, el toque de queda decretado ilegalmente no surte efecto. ¡El Perú no puede parar!”, indica el tuit.
Asimismo, en conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, aseguró que el toque de queda, anunciado por el exmandatario, Pedro Castillo, quedaría sin validez, ya que no sería constitucional.
“El famoso toque de queda que se ha decretado es inconstitucional e ilegal. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, señaló el magistrado.
Castillo además había anunciado en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
También dijo que todos los que poseen armamento ilegal debían entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas. “Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley”, había dicho.
Sin embargo, tras la renuncia de sus ministros, y la vacancia del presidente por parte del Congreso de la República, la medida de inamovilidad ciudadana no tendría ningún asidero, ya que tampoco hubo un decreto de ley respectivo.
