CDMX.- En los últimos sexenios, los gobiernos federal, estatal y municipal de todas las corrientes e ideologías políticas han hecho uso de empresas “fantasma” para facturar operaciones simuladas (EFOS) y desviar recursos públicos, lo que ha ocasionado cuantiosos daños patrimoniales al erario y la comisión de delitos como peculado, fraude, soborno, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero.
Al asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública que revisen, auditen y denuncien ese mecanismo fraudulento empleado por funcionarios federales y locales, de órganos autónomos, descentralizados y hasta de universidades públicas, quienes se coluden con empresarios para simular contrataciones de obras, bienes y servicios para apropiarse ilícitamente de recursos públicos.
Una de esas investigaciones fiscales identificó al gobierno de Chiapas como responsable de usar empresas factureras y, a través de auditorías hechas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se confirmó que por lo menos en los dos últimos mandatos estatales, uno correspondiente al exgobernador Manuel Velasco Coello (2012-2018), del Partido Verde, y otro del actual gobernador de Morena, Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024), en cuyas administraciones se identificaron compras por 6 mil 194 millones 300 mil pesos con empresas que según reportes fiscales operan facturas simuladas.
De ese monto total, el 73.2 por ciento, que suman 4 mil 533 millones 800 mil pesos, habrían sido contratos en obras y servicios por los gobiernos de Rutilio Escandón y Manuel Velasco, y el resto, 26.8 por ciento, que significan 1 mil 660 millones 500 mil pesos, corresponde a contratos asignados a presuntas factureras por parte de autoridades municipales, institutos y universidades públicas de Chiapas.
El área de prensa de Rutilio Escandón recibió la petición de entrevista que le hizo Contralínea para darle oportunidad de explicar dichas contrataciones a cargo de su administración y que el SAT califica como irregulares, pero los encargados de comunicación social del gobierno de Chiapas nunca respondieron a la petición.
En el caso del exgobernador Manuel Velasco, él mismo explicó que la responsabilidad de asignar los contratos en su administración correspondió a cada secretaría del gobierno estatal, y aseguró que si había alguna irregularidad deben ser los exfuncionarios responsables de las licitaciones quienes rindan cuentas ante las autoridades correspondientes. El dirigente del Partido Verde y actual senador de la República dijo conocer que algunas de las empresas que sostuvieron negocios con su gobierno y que tienen alertas del SAT por supuestas operaciones ilícitas, han podido aclarar su situación ante las autoridades fiscales, pero eso es responsabilidad de cada una de ellas y también de los servidores públicos que les autorizaron las asignaciones del gobierno chiapaneco.
