CDMX.- El exgobernador de Baja California , Jaime Bonilla Valdez, rechazó haber participado en la presunta “trampa” o en las reuniones que, de acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sostuvo con supuestos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.
Mediante un comunicado, Bonilla respondió a las acusaciones formuladas por la mandataria estatal y afirmó que Ávila enfrenta una “crisis de pánico” por lo que describió como investigaciones en su contra en Estados Unidos.
Consideró “ilógico” que él pudiera haberle facilitado contactos, asesores o recursos para ayudarla a enfrentar una situación que, según dijo, ella misma ha hecho pública, pese a que lo identifica como un adversario político.
“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”.
El exmandatario también cuestionó a la gobernadora sobre las circunstancias en las que, según afirmó, ingresó a Estados Unidos pese a los problemas relacionados con su visa y sobre las reuniones que presuntamente sostuvo con autoridades estadounidenses. Además, la instó a explicar las declaraciones difundidas en los audios filtrados y negó cualquier participación en esos hechos.
“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el ex gobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”.
Bonilla, actual comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, sostuvo que las acusaciones en su contra responden a la situación política que enfrenta la gobernadora y que liderazgos de Morena han dejado de respaldarla.
Finalmente, informó que su equipo jurídico analiza las acciones legales que podrían emprender para proteger su honor y reputación.
Las declaraciones de Bonilla se produjeron después de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila lo acusó públicamente de organizar un montaje mediante la filtración de audios que, según ella, fueron alterados.
