CDMX.- Un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), luego de que la Fiscalía impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.
“La FGR puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, según la resolución del juez.
La Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz, busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó inicialmente por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y fortalecer sus argumentos; “La investigación está en curso”, fuentes federales que detallaron que el Ministerio Público preparaba una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenes de aprehensión. Hoy, el juez volvió a negar las órdenes de captura, en forma definitiva.
Así, el Juez Federal en su sentencia estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juzgador federal señaló, según su resolución que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro (Consultivo), en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”.
En las demas acusaciones penales – uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR. Por las razones expuestas, se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
(FUENTE: EL UNIVERSAL)
