CDMX.- El uso lúdico de la mariguana fue confirmado como un derecho en México.
Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el consumo recreativo del cannabis para mayores de 18 años, además de legalizar su producción y comercialización.
Como se modificó el dictamen avalado en noviembre por el Senado, tendrá que pasar otra vez por esta Cámara antes de entrar en vigor. Cuando esto se concrete, México se unirá a Canadá y Uruguay como los únicos países con la medida.
En un intenso debate, las bancadas del PRI, PES y PAN criticaron el dictamen, al considerar que aumentarán las adicciones, se pone en riesgo a la juventud, se privilegia a la industria extranjera y se sigue criminalizando al usuario.
“No sean mochos, no se limiten, fúmense un cigarrito porque la mota legal eleva la moral”, celebró en tribuna la morenista Simey Olvera.
Se inscribieron 303 reservas, cuya discusión concluyó al cierre de esta edición. Algunas planteaban subir de 18 a 21 o 24 años el requisito para la portación de mariguana y reducir a diferentes cantidades los 28 gramos permitidos para el consumo personal, pero fueron desechadas.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el consumo lúdico del cannabis en mayores de 18 años, además de su producción y comercialización en México.
El pleno cameral aprobó la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.
En un intenso debate y con la inscripción de 303 reservas del dictamen, las bancadas del PRI, PES y PAN se manifestaron en contra del dictamen modificado del Senado, al considerar que aumentarán las adicciones, pone en riesgo a la juventud, privilegia a la industria extranjera y no al campo, además de que sigue criminalizando a los usuarios consumidores.
Al inicio de la discusión, la diputada priista Mariana Rodríguez Mier y Terán presentó una moción suspensiva al considerar que el dictamen carece de asistencia y apoyos específicos para las comunidades incluidas en la cadena productiva, favorecerá a las empresas trasnacionales y sigue criminalizando al consumidor.
