CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a tres jueces federales contra los que ha abierto carpetas de investigación, además que ha emitido calificativos contra otros y amagó a uno más con emprender acciones legales por ordenar cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fallos que han echado abajo los casos emblemáticos de esta administración.
En línea paralela, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibe quejas de dependencias como la FGR, para que se analice la labor de los impartidores de justicia que han puesto freno a casos y proyectos federales que no se pueden ejecutar hasta que se resuelva de fondo los juicios que promueven ciudadanos contra las acciones que pone en marcha el gobierno federal.
Funcionarios judiciales comentaron que hay más de una docena de quejas contra jueces adscritos en materia administrativa, de competencia económica y de materia penal, particularmente por frenar la entrada de decretos y las obras del Tren Maya.
Recordaron que el Poder Judicial de la Federación vivió una situación casi similar en el sexenio de Felipe Calderón, por las resoluciones dictadas en El Michoacanazo y Operación Limpieza.
Sin embargo, en aquella época, el entonces ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió directamente a las críticas del titular del Ejecutivo Federal y respaldó la labor de los juzgadores.
Los asuntos donde la FGR ha iniciado carpetas contra jueces tienen que ver con el de los tres abogados y un asesor financiero cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el de Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de la ex funcionaria.
En mayo de 2022, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, tumbó el caso donde la FGR trató de vincular a Julio Scherer con una organización delictiva que presuntamente trató de extorsionar al abogado Juan Collado Mocelo para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.
El juzgador ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para investigar a Juan Collado y a los fiscales por presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a la forma en que se condujo la FGR.
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